Según ha explicado la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, esta medida supone que se soliciten 8.095.196,56 euros para hacer frente a posibles distintos pagos que deberá afrontar la institución municipal.
De este montante, 4.951.753,80 euros se destinarían al pago de dos sentencias judiciales que actualmente no son firmes y que estaban previstas para este año, pero que pueden llegar en 2021, y los 3.143.442,76 euros restantes estarían destinados a sufragar el vencimiento de siete préstamos bancarios.
La edil recalca que “si el año que viene llegan esas sentencias firmes, con la adhesión al Fondo de Ordenación el dinero para pagarlas no tendría que salir de las arcas municipales, al ser ésta la herramienta que nos facilita el Ministerio de Hacienda para hacerlo”.
“Seguimos dando solución a los múltiples problemas heredados de la anterior gestión socialista, de la que provienen las dos sentencias, al igual que procede de allí el noventa por ciento de los créditos que tenemos suscritos, por lo que en este sentido, lecciones al equipo de Gobierno de José Ignacio Landaluce, ninguna. Somos transparentes, somos responsables y somos buenos gestores, mientras que el PSOE arruina el presente e hipoteca el futuro”, subraya la delegada municipal.
