La oferta educativa en las grandes localidades andaluzas sigue estando desequilibrada, ya que fuerza largos desplazamientos a miles de familias andaluzas por no haber puestos escolares cercanos a su domicilio. Por otro lado la Consejería de Educación arracima al alumnado en grupos superiores a los 25 alumnos en infantil primaria y 30 en educación secundaria. CGT lleva presentado denuncias judiciales, ante el silencio de las reclamaciones efectuadas, desde 2006 a la Consejería de Educación.
CGT denuncia el silencio y el “mirar para otro lado”, la falta de vigilancia, cuando no el apoyo de la Consejería de Educación del gobierno socialista andaluz, a las maniobras ilegales de centros privados que exigen el cobro de cantidades para actividades complementarias a los ciudadanos cuando desean escolarizar a sus hijos e hijas en estos centros. Estas prácticas unidas a otras que permiten a estos centros “seleccionar” a los candidatos a obtener un puesto escolar deben ser erradicadas. Igualmente CGT reclama de la Consejería de Educación una campaña informativa para que padres y madres no tengan que pronunciarse sobre sus convicciones religiosas al escolarizar a sus hijos e hijas. Esta práctica también ha sido denunciada reiteradamente por CGT llegando a tribunales ya que atenta directamente contra los derechos constitucionales. Urge pues dar instrucciones claras a las direcciones de los centros para solo aquellas familias que soliciten la documentación le sea aportada. CGT denuncia que la orden de incentivos, llamada de calidad, sitúa a las familias ante una inseguridad jurídica ya que desconocen hasta donde la oferta de cada centro educativo está afectada por esa orden. CGT ha presentado denuncia judicial demandando la nulidad de la referida orden ya que crea una desigualdad constitucional a las familias dependiendo de que los centros educativos hayan o no aceptado participar en la mencionada orden de incentivos.De hecho el contestado programa de incentivos al profesorado y al que solo se han sumado después de TRES convocatorias uno de cada cinco docentes, tiene prevista el gasto de más de 400 millones de euros. Con esta cantidad sería posible aumentar las plantillas docentes en más de 12.000 profesores. Con ello se garantizaría tanto el trabajo de los profesores que actualmente prestan servicio, como unas ratios legales, mejorando claramente la atención educativa al alumnado y sostenimiento de los apoyos educativos y la cobertura de las bajas por enfermedad.
