El acuerdo tiene como principal objetivo eliminar el fraude fiscal y los efectos perjudiciales debidos a las características del régimen fiscal gibraltareño.
Además, establece la reglas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.
Para ello, se establece un “régimen reforzado de cooperación administrativa” entre las autoridades de ambas administraciones tributarias, que incluye el intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.
El acuerdo también establece la “adaptación dinámica” de este régimen especial a los nuevos estándares de la Unión Europea y la OCDE en materia de transparencia, cooperación administrativa, prácticas fiscales perjudiciales y de lucha contra el blanqueo de capitales.
El Acuerdo se firmó “ad referendum” en Madrid y Londres a principios de marzo y aún debe lograr el apoyo del Parlamento.
