Diario Digital | 14 de agosto de 2022 11:13

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IU confía en un «acuerdo satisfactorio» sobre el catastrazo

Alcántara ha declarado que IU rechaza cualquier veto a la interlocución ciudadana que ostenta FAPACSA, por considerarlo un contrasentido: “Representantes de esta federación han trabajado de manera conjunta con el equipo de gobierno y a estas alturas no cabe otra actitud que el diálogo. Desde Izquierda Unida entendemos que no debe ser la Institución municipal la que plantee una confrontación, del mismo modo que estamos convencidos que FAPACSA prefiere un acuerdo a mantener una confrontación estéril; que elementos ajenos al movimiento ciudadano pretenden propiciar, que sólo acarrearía frustración ciudadana y que podría interpretarse en clave política”.

En este sentido, Izquierda Unida considera necesario que se convoque a la Comisión, y que ésta fije los márgenes del futuro acuerdo y sus líneas rojas: “Una vez que la Comisión tenga una posición común y que ésta sea ratificada por la asamblea vecinal, estaremos en condiciones de elevarlo a la categoría de acuerdo plenario para su desarrollo administrativo e institucional”.

Sobre la sesión extraordinaria y monográfica que se celebrará la semana próxima, IU la considera la escenificación de un debate aplazado. “IU revalidará en dicha sesión su voluntad política de obtener de las instancias pertinentes la anulación de la ponencia. Esto es difícil, pero al menos queremos que haya una declaración institucional en dicho sentido. Suponemos que un número importante de Ayuntamientos trasladando las contradicciones de la ley vigente en esta materia y su disconformidad al Ministerio podría desembocar en la adopción de alguna medida global por parte de la Administración central, y en ese contexto se beneficiaría Algeciras”.

Alcántara recuerda que su formación sigue considerando la Ley del Catastro el problema de raíz: “Si nuestro país tuviera un sistema impositivo progresivo, en el que pagara más quien más tiene, este problema social no existiría. Mientras que la vivienda sea tratada en términos fiscales como un bien de mercado, y no como un derecho constitucional, los Ayuntamientos tendrán que mitigar los efectos de la ley con medidas generalistas, que benefician a quien no lo necesita y que ponen en riesgo la viabilidad de los servicios públicos. Con esta ley, hay muy pocas opciones de introducir criterios de justicia social”.

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