Diario Digital | 15 de agosto de 2022 06:42

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Boix “La reforma local que pretende imponer el PP amenaza la existencia de 29 municipios de Cádiz»

Cabaña (PSOE) llama a "movilización institucional y ciudadana" frente a la "humillación" del campo de Gibraltar

, Francisco Conejo, Juan Carlos Ruiz Boix  y la secretaria general participan en un acto con alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas socialistas en San RoqueLa secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha destacado esta tarde en San Roque que “la reforma local que pretende imponer el PP amenaza la existencia de hasta veintinueve municipios gaditanos, aquellos con menos de 20.000 habitantes, porque el Partido Popular está obsesionado con hacer caja. Comenzó con la educación, continuó con la sanidad y ahora ha visto una nueva oportunidad de hacer caja con los servicios públicos de los ayuntamiento, a costa de limitar la calidad de vida y las posibilidades de crear empleo en los mismos”. La secretaria general y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación ha hecho estas manifestaciones durante un encuentro con representantes orgánicos e institucionales socialistas desarrollado en la localidad campogibraltareña en torno a la inminente reforma de la Administración que el PP pretende llevar a cabo de forma unilateral, en el que también han participado el secretario federal de Ciudad y Política Municipal, Gaspar Zarrías; el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo; y el secretario general de los socialistas sanroqueños y alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix.Irene García ha recordado la concentración protagonizada esta mañana en La Línea contra el “atentado gravísimo” que va a suponer la aprobación de la reforma de la Administración local en una provincia que ya está sufriendo “un nivel de sectarismo desconocido desde la Diputación, de la mano del Partido Popular, lo que está afectando especialmente a las localidades con menos de 20.000 habitantes”. En este sentido ha destacado la “manipulación” del propio PP respecto al Servicio Provincial de Recaudación, hasta el punto de que el propio presidente provincial de ese partido, Antonio Sanz, se permitió hace unos días decir que las nóminas de los trabajadores municipales de La Línea se están pagando gracias a la Diputación. “El PP ha convertido el Servicio Provincial de Recaudación en un instrumento de discriminación política”, ha señalado, para recordar que la entidad supramunicipal “recauda los impuestos que paga la ciudadanía linense, pero esos recursos corresponden legítimamente a su Ayuntamiento”.La secretaria general ha señalado que la provincia está sometida a “una abundante lluvia de mentiras del PP”, como las relacionadas con los astilleros o la polémica en torno a Gibraltar, y que la reforma local “supone una mentira más, porque no responde a ningún criterio real de austeridad, puede conllevar un despido masivo de miles de empleados públicos y no atiende al auténtico problema de los ayuntamientos, como es la necesidad de un debate sosegado y serio, de consenso, para hablar de las competencias y de la atención que deben recibir respetando su autonomía”.El secretario de Ciudad y Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Federal, Gaspar Zarrías, ha lamentado que “una ley de tanta importancia, que afecta tanto a los ayuntamientos y tanto a la ciudadanía, vaya a ser aprobada por el Gobierno en poco menos de dos meses, sin haber aceptado ningún tipo de enmienda y empeorándola en cada uno de sus trámites”. Zarrías ha destacado que el único interés del PP con esta reforma legislativa es “hacer caja. Estamos hablando de agua, de basuras, de saneamiento… De elementos básicos que permiten vivir con dignidad en un municipio, cuando no abiertamente de desmantelar los servicios públicos”.De ahí que haya anunciado que “al margen de recurrir ante el Tribunal Constitucional, los alcaldes y alcaldesas socialistas van poner el marcha todos los mecanismos legales para que esa ley no se lleve a la práctica. No podemos permitir que los ciudadanos que están en una peor situación dejen de tener esos servicios, porque en muchos casos les va la vida en ello. El Gobierno del PP no ha pensado en los dependientes, en la ayuda a domicilio y en tantas cuestiones que hoy llevan a cabo los ayuntamientos y que, según marca la ley, dejarían de prestarse por los municipios. Esto supondrá un desmantelamiento de estos servicios, que los trabajadores que los prestan se vayan a la calle y que las personas que los reciben dejen de hacerlo”. “Es una ley dañina, que no solo destruye empleo sino que privatiza servicios, provocando un encarecimiento y una peor prestación de los mismos, y que conlleva el desmantelamiento de cosas muy importantes para que miles de familias puedan vivir con un mínimo de dignidad en un tiempo de crisis”, ha dicho.Finalmente, el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, ha destacado que “Andalucía va a salir mal parada con esta reforma de la Administración local, porque nuestros municipios van a perder competencias y servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Lo que está realmente en juego es que los 771 ayuntamientos andaluces presten servicios fundamentales para la ciudadanía. Y eso, afectando gravemente a los municipios menores de 20.000 habitantes, también repercute en las ciudades”. Por ello, ha anunciado que el Gobierno del Junta va a recurrir el texto ante el Tribunal Constitucional “por la invasión de competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía, que garantiza que esas políticas residan en los ayuntamientos andaluces”.“Los servicios sociales son uno de los pilares fundamentales de las políticas públicas de los municipios, y esta ley prohíbe a los ayuntamientos que puedan seguir prestándolos. ¿Imaginan que un alcalde no pueda ayudar a sus vecinos en la prestación de servicios como la dependencia o la atención a domicilio?”, se ha preguntado. Y ha añadido que “lo mismo pasa con las políticas de igualdad, por ejemplo en lo que respecta a los centros de atención a la mujer, que funcionan gracias a la colaboración de la Junta con los ayuntamientos, porque la ley también impide que puedan alcanzar esos conciertos”.“Algo similar sucederá con las concejalías de Juventud y con las políticas de esa materia, que dejarán de prestarse por los ayuntamientos porque el PP prohíbe que los municipios tengan esas competencias, así como en sanidad, educación y empleo”, ha señalado, para destacar que “la reforma de la Administración local que quiere imponer el PP vacía a los ayuntamientos, de forma que no sean elementos útiles para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía, al tiempo que supone una marcha atrás en la prestación de servicios públicos”.Francisco Conejo ha concluido diciendo que los socialistas andaluces “vamos a defender que los servicios públicos sigan estando gestionados por los ayuntamientos, como la Administración más cercana y más próxima a la realidad social, lo que además garantiza su mejor prestación”. “¿Acaso los ciudadanos de San Roque no se sienten orgullosos de la gestión que su alcalde socialista viene realizando en materia de servicios sociales, en el ámbito de mujer o de juventud? ¿Acaso no piensan que esos servicios están mejor gestionado desde aquí que desde la capital de la provincia o desde Madrid?”, se ha preguntado.

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