Solo quedaría, para cerrar este capítulo de desestabilización del sector, la convalidación en el Congreso de esta norma y la posterior aprobación del Real Decreto que la desarrolle y que está previsto para la próxima semana.
La aprobación en el Congreso se entiende casi como un simple un trámite a salvar, puesto que fue esta misma cámara la que el pasado 20 de febrero, por unanimidad, aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a rematar el marco normativo de la actividad de la estiba portuaria, con el máximo consenso posible en el sector y respetando los principios de la normativa europea.
Este Real Decreto-ley aprobado hoy establece, entre otras cuestiones, una habilitación legal para que a través de los convenios colectivos se pueda acordar la subrogación obligatoria de los trabajadores para las empresas que decidan salirse de las Sagep, con objeto de garantizar los derechos de los trabajadores.
Del mismo modo, estipula una modificación de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), para establecer las especificidades de los Centros Portuarios de Empleo (CPE), entre otras la necesidad de ser empresa estibadora para poder formar parte de su accionariado. Este último punto es fundamental para garantizar el máximo nivel de profesionalidad.
La aprobación de esta norma hoy es un paso hacia adelante fundamental para cerrar una crisis que ha dejado pérdidas millonarias en uno de los más importantes sectores económicos de este país. Los trabajadores esperan con impaciencia y expectación la convalidación de la misma en el Congreso, confiados en que, por fin, los distintos grupos parlamentarios apoyen la propuesta y se cierre esta etapa de desregulación que tanto daño ha hecho a todos los agentes implicados en la estiba. A partir de este momento las miras estarán puestas en el objetivo del que nunca debieron desviarse: el crecimiento de los puertos españoles.
