De Torre critica a la Junta por no ayudar a la Cofradía de Pescadores de Algeciras

El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha criticado que la Junta de Andalucía, puesto que “las cofradías de pescadores son tuteladas por ella”, no haya ofrecido “ningún instrumento financiero” a la cofradía de pescadores de Algeciras (Cádiz) para que ésta hubiera abonado “lo inaplazable” de la deuda, esto es, “la cuota obrera”, de cara a llegar a un acuerdo de fraccionamiento del pago de la deuda que mantiene con la Seguridad Social.

En una rueda de prensa sobre campañas para la erradicación de la violencia contra la mujer en la provincia, De Torre ha explicado que el Gobierno lleva trabajando en la situación de la cofradía de pescadores de Algeciras “muchos meses”, y que se ha hecho “todo lo posible para conseguir un fraccionamiento y aplazamiento de algunos pagos, pero para ello es necesario pagar lo inaplazable, que es la cuota obrera”.Sostiene que él propuso que fuera el Gobierno andaluz, “ya que las cofradías de pescadores son tuteladas por la Junta”, el que ofreciera “un instrumento financiero que permitiera a la cofradía hacer frente al pago de ese montante inaplazable”. Defiende que en este caso “se han llevado los plazos legalmente marcados”, pero que no se ha encontrado “ningún tipo de colaboración por parte de la Junta de Andalucía”.“Nos hubiese gustado que se hubiera ofrecido algún tipo de apoyo financiero”, ha afirmado, añadiendo que la normativa “exige que para poder llegar a un acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento se pague la cuota obrera”.

Al hilo, desvela que representantes de la cofradía de pescadores de Algeciras se han reunido con representantes del Gobierno andaluz, pero que éste “no ha ofrecido ninguna fórmula financiera que hubiese permitido hacer frente al pago de lo inaplazable, que es lo que todos hubiésemos deseado”.Cabe recordar que la cofradía de pescadores de Algeciras ha puesto fin a sus 89 años de historia debido a la situación económica que atraviesa, siendo un embargo de la Seguridad Social y que asciende a 389.000 euros ha sido el detonante de la decisión.

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