Diario Digital | 15 de agosto de 2022 15:56

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El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz multado por incumplir una sentencia

El Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz multado por incumplir una sentencia

TCAM/REDACCION

Ahora el Juez multa al Coronel Jefe de la Comandancia de Cádiz por no cumplirla y advierte de que podrá adoptar otras medidas previstas en el ordenamiento jurídico.  Tal y como ha ido informando esta Delegación en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, los reiterados incumplimientos que el Coronel Jefe de la Comandancia ha propiciado para no cumplir una sentencia que arrastra desde el 2008, han tenido, de momento, una primera consecuencia.El Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cádiz, ha impuesto a D. Antonio Tocón Díez, Coronel Jefe de la Comandancia, una multa coercitiva, además de apercibirlo de que si prosigue en su aptitud, se adoptarían otras medidas, previstas en el ordenamiento jurídico.Esta multa, de, 150 euros, y que esperamos que sea sufragada por el bolsillo de este alto funcionario, es previa a la exigencia de responsabilidad penal.El Coronel de la Comandancia, se había empecinado en incumplir reiteradas sentencias y autos judiciales,  por no aplicar la normativa vigente respecto a la prestación de determinados servicios de seguridad en el propio edificio de la Comandancia. El recurso, planteado por los servicios jurídicos de AUGC, exigía que la encomienda para prestar dicho servicio de seguridad recayera sobre las Unidades que se regula en la normativa específica, si bien, por parte de los responsables de la Comandancia, se habían negado a reconocer este hecho, haciendo recaer este servicio exclusivamente sobre el Núcleo de Servicios, unidad encargada del traslado de presos.Por todo ello, esta Asociación, no solo se felicita por la decisión judicial que viene a poner a cada uno en su sitio, sino que exige por parte del Cuerpo, que se haga responsable a este Coronel como presunto autor de reiteradas faltas de desobediencias, obstrucción a la justicia, y en definitiva, causar un gasto a costa del Estado por mantener durante años un pleito absurdo, perdido desde la primera sentencia.

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