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Diario Digital | 4 de julio de 2022 07:59

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Narcocementerio sin vigilancia en el Campo de Gibraltar

Detenido por robar motores de embarcaciones en el depósito judicial Grúas Sur de Europa
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IAM/Redacción Un cementerio de coches de alta gama, motos de agua e incluso veleros incautados por los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado al ser utilizados en La Línea y Algeciras para narcotraficar es lo que a diario debe ver el dueño del mayor depósito judicial en España de bienes incautados para este tipo de actividades ilícitas tal y como anuncia El Español.

 

 

Hasta hace unos meses el lugar estaba custodiado por cinco vigilantes pero el jefe, de nombre José (nombre no real), está arruinado asegurando que la Junta le debe ocho millones de euros que le ha llevado a esta situación, que se agrava con el robo cada noche por parte de los narcotraficantes lo que consideran suyo y a ponerle en el punto de mira de amenazas e insultos.José afirma que saben donde vive, quién es su familia, donde está el depósito y que para llevar el miedo y la presión en la que vive debe tomar ansiolíticos. Este depósito ubicado en un polígono de la Comarca se puede encontrar ferraris a puñados, siete veleros para transportar coca, casi mil lanchas, tres motores, una avioneta, motos de agua, una excavadora o un autogiro.El gerente del depósito afirma que su situación es desesperada y que no aguanta “ni un segundo más” ya que en las últimas dos semanas ha sido robado en siete ocasiones, llevándose a cuestas motores o lonas de lancha que valen entre cuatro y cinco mil euros en el mercado de segunda mano.El depósito de cuatro hectáreas de terreno lleva en funcionamiento desde 2009, donde cada lancha o todoterreno intervenido en el Campo de Gibraltar va a parar allí, constituyendo todo un “narcocementerio”.Amenazado por narcosUn día almorzando con su familia fue amenazado por algo más de diez narcos que le exigieron ir al depósito para llevarse “las gomas y los coches” previamente intervenidos, momento en el que asustado les amenazó diciéndoles que conocía a varios de ellos y que si caía “dos se vienen conmigo seguro, aunque luego me matéis”, terminando por convencerles de que por su cuenta y sin previa autorización judicial no podía entregarles nada.José que se dedica desde hace años al servicio de retirada de grúas municipales también es concesionario en varios pueblos de la provincia, siendo el año 2009, cuando la Guardia Civil le pidió ayuda para guardar embarcaciones incautadas a traficantes al contar con algunas naves al estar desbordados. El hombre aceptó el encargo de retirarlos con su grúa y mantenerlo a buen recaudo en sus instalaciones. Poco tiempo después la petición se extendió a la Policía Nacional, aunque el empresario pensó que al ser bienes inmovilizados judicialmente, la Junta de Andalucía le pagaría por su trabajo pero no fue así.El empresario se muestra arrepentido de haber aceptado las peticiones de ambos cuerpos, ya que la Junta considera que la instalación no es un depósito judicial sino “policial” por lo que la acusa de dejadez de funciones.José que se declara en números rojos, tiene las cuentas de la empresa embargadas y afirma que desde hace una semana no retira ninguna lancha o coche. Además se da la paradoja que los terrenos donde está ubicado el depósito los alquiló a la propia Junta por 6.000 euros mensuales, aunque el gobierno andaluz no le reconoce la actividad.La cuantía que le adeuda la Junta de Andalucía, según José se debe no sólo al mantenimiento bajo custodia de algunas embarcaciones durante casi una década sino también por gastos que le genera acudir y traerlas al depósito.Para el empresario es “absurdo” que la Junta tenga un protocolo de actuación desde hace dos años por el cual sólo se recogerá por un depósito judicial una lancha, un todoterreno o velero cuando lo autorice previamente un juez con su firma, ya que los alijos de hachís se pueden dar “ a las tres de la mañana” y si no lo llevan directamente al depósito “esa noche se lo roban los propios narcos en mitad de la calle o de la playa”.Además, el hombre también adeuda a la Junta el alquiler de los últimos seis meses y se siente acorralado y arruinado, sin posibilidad de contratar a vigilantes y con el gobierno autonómico que le ha cancelado el contrato de arrendamiento por lo que en cualquier momento puede ser desalojado, temiendo que si llega a suceder eso se verá “sin sitio y con estos coches y lanchas bajo mi responsabilidad”.

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