IAM/Redacción El juzgado de lo penal Nº1 de Algeciras ha condenado a Patricio González, ex alcalde de Algeciras, y a José Álvarez Ruiz, ingeniero municipal de Algeciras en la actualidad, por un delito de prevaricación urbanística. Así lo ha anunciado el colectivo ecologista Agaden, que apunta a una pena de 8 meses de multa a 12 euros diarios y la inhabilitación por 5 años.
La sentencia surge a raíz de un proceso judicial iniciado por el colectivo ecologista, que en su momento denunció la construcción de Club Hípico de Botafuegos en terrenos no urbanizables y de Especial Protección. Así, Agaden apunta que “en la sentencia se condena a un alcalde – exalcade ahora- por prevaricación; faltar conscientemente a los deberes de su cargo al tomar una decisión o dictar una resolución injusta, con plena conciencia de su injusticia urbanística dándole la licencia para la construcción al propietario del Club Hípico Botafuegos en unos terrenos que el propio PGOU que redacto ese mismo alcalde y su equipo de gobierno eran calificados como NO Urbanizables de Especial Protección”.No obstante, advierten que “es criticable que se aplique un atenuante de dilaciones indebidas cuando gran parte de las causas de la dilación han sido las actuaciones procesales de los condenados que ahora se benefician de ello”.Para Agaden “el gran aspecto negativo de la sentencia es la necesidad de un transcurso excesivo de tiempo, lo que pone de manifiesto la debilidad de funcionamiento de la administración de justicia”.Por otro lado entienden que “un juicio que tarda más de 13 años en llevarse a cabo estamos convencidos de que es un juicio menos justo, la lejanía en el tiempo de los hechos sobre los que se ha emitido sentencia privan de la inmediatez que tiene que tener todo acto de justicia”A pesar de todo, los ecologistas se muestran satisfechos de haber interpuesto esta denuncia hace 13 años y dicen que “la sentencia condenatoria confirma que la denuncia era más que fundada. A este respecto nos seguimos preguntamos que lo idóneo hubiera sido un funcionamiento adecuado de las administraciones que hubieran impedido que se desarrollaran los actos denunciados, y que hubiera sido la propia administración quien denunciara los hechos, no dejando el papel de vigilancia a la sociedad civil”.
