IAM/Redacción PODEMOS ha recibido información de que el Ayuntamiento de Algeciras ha sido denunciado por “despidos y fraude de ley continuado” ante los tribunales por los trabajadores de ALGESA.
Estamos ante otro de los múltiples fraudes de ley habidos en el Ayuntamiento en las últimas Corporaciones, aunque en este caso sea en la Sociedad municipal ALGESA. Esta empresa vuelve a ser protagonista de un grave escándalo al encadenar contratos de trabajadores (hasta 9 años), que ahora son despedidos sin solución de continuidad.El caso está ya en los Tribunales de Justicia y amenaza con ser pieza clave para las próximas elecciones municipales, donde se va a pedir total transparencia y cuentas claras y abiertas, ya sea en el Ayuntamiento o en las empresas municipales. Los trabajadores denuncian además “amenazas y presiones” para que retiren sus denuncian y no den publicidad a sus demandas en este periodo electoral.ALGESA ocupa una vez más la “zona opaca” del Ayuntamiento algecireño al ser denunciada por algunos de sus trabajadores ante los Tribunales de Justicia por prácticas ilegales. Los trabajadores denuncian su “más absoluta indignación” ya que el Ayuntamiento “desprecia la legislación laboral” y sus obligaciones con los sindicatos representativos de los trabajadores. Tendrá esto algo que ver con la convocatoria de 119 plazas recientemente anunciada por el concejal de Hacienda y Personal, Luís Ángel Fernández. No podemos olvidar que estamos en año electoral y para el PP no plantea problemas, ni políticos, ni morales, utilizar las necesidades de la gente para conseguir “clientes” y votos, aunque sea con mentiras y engaños.Ante esta situación PODEMOS plantea la necesidad de negociar en ALGESA un Plan de Estabilidad en el Empleo con una total transparencia, para así eliminar el enchufismo o clientelismo tan habitual en las empresas municipales y en nuestro Ayuntamiento.PODEMOS aboga también por la regularización de todos aquellos contratos protegidos por la legislación laboral y reconocidos por los Tribunales, y exigirá responsabilidad a los técnicos o a los políticos que hayan permitido la contratación en fraude de Ley en ALGESA.
