Casado se equivocó. Por José Hidalgo de Castro,

 

Pero cometió, a mi entender, el error de utilizar un camino que es causa de persecución y destierro dentro del PP.

No se acordó del Juez Garzón, aquel juez que la derecha consideró como un “pata negra” cuando actuaba contra ETA, pero no paró ni se detuvo ante barrera alguna, hasta que lo expulsaron de la carrera judicial, porque destapó los dos casos de corrupción que aun le colean al Partido Popular. Y, para que no haya dudas, esa expulsión se basó en algo que después se consideró como bueno y se siguió aplicando, por su sucesor, en la instrucción de dichas causas.

Independiente de las malas relaciones personales entre Casado y Ayuso, sí es verdad, que antes los ciudadanos el origen no es ese, sino algo que, por lo menos, tiene poco de moral y menos de la ejemplaridad que le es exigible a un cargo de la importancia que ostenta la Sra. Ayuso. Un cargo público, no solamente tiene que ser honrado, es que, además, lo tiene que parecer, por sí no es así, ante muchos ciudadanos por mucho que haga, siempre irá por el barro.

Pero de lo que se habla y discute en tertulias y medios, no es de que ya, por la misma causa, una miembro de la Asamblea de Madrid perteneciente a la oposición, fue expulsada, aun estando en el uso de la palabra.

Eso es lo verdaderamente preocupante y grave, que el PP. monte un verdadero circo mediático para tapar, no las posibles malas prácticas del hermano de la Sra. Ayuso, sino que, con el montaje lo que se intenta es tapar lo más elemental; la investigación que procede en este caso, y la ciudadanía le siga el juego.

En Castila-León, la reunión entre el PP y el principal partido de la oposición, duro 15 minutos, porque alguien nombró la palabra “corrupción”. Hay que ver, lo mal que les sienta a algunos esta palabrita y, es que, se mire por donde se quiera mirar, que cobrara en A o lo hiciera en B, da igual, porque la ética pública que debe presidir todas las acciones de los gobernantes públicos, en ambos casos brilla por su ausencia.
Luego, en este caso no menor para la gobernanza de España, quien debe dimitir es la persona que, como funcionario público, reconoció el cobro y, hoy, lo sigue defendiendo.
El principal mal que corroe a todas las democracias, como es la corrupción en sus diferentes facetas, no tiene justificación alguna y menos, manifestaciones a su favor.

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