CSIF pide cribados urgentes en la prisión de Botafuegos y vacunación a trabajadores e internos

Actualmente, y según los datos con que cuenta el sindicato, hay unos 25 trabajadores positivos por PCR y otros 30 en cuarentena, entre todas las prisiones de la provincia (cifras que oscilan de un día para otro), provocando una merma en la plantilla a la hora de poder desarrollar con garantías de seguridad su labor esencial dentro de las prisiones.

La central sindical explica en su escrito que en estos centros conviven internos con sistemas inmunitarios muy debilitados por lo que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente por el virus. Las prisiones son un entorno cerrado donde las personas, incluidos los trabajadores penitenciarios, viven en condiciones de proximidad o de cercanía durante largos periodos de tiempo. “Estas condiciones favorecen la propagación de la infección, siendo el riesgo de contagio más alto que el de la población en general”, apunta el responsable de Prisiones del sindicato en Cádiz, Ángel Luis Perea.

Desde el sindicato se remarca que los profesionales penitenciarios pertenecen a la categoría de personal esencial, realizando su trabajo de forma presencial y, además, en esos espacios cerrados. Por ello, CSIF apunta que controlar la propagación del virus “es esencial para prevenir brotes de la Covid-19 en los centros y, por extensión, en los de los familiares y visitantes que entran y salen de las prisiones”.

Por este motivo, ha solicitado que se gestione la vacunación en los cinco centros de forma prioritaria, una vez que se finalice en las residencias de personas mayores y entre el personal sanitario. Y a su vez, “el cribado urgente permitiría detectar y minimizar la incidencia del virus”, señalan desde el sindicato.

Por otra parte, CSIF ha reiterado que, hasta que las circunstancias mejoren, se suspendan de manera inmediata todas las comunicaciones de presos con personal externo a las prisiones, ante la gravedad de la situación actual derivada de la pandemia. Como alternativa, el sindicato considera que se pueden aumentar las videollamadas ya existentes. Finalmente, la central sindical considera un riesgo adicional que se mantengan los permisos de salida, pues supone un foco más de posible contagio y de propagación del virus en estos centros.

Los cinco centros penitenciarios de Cádiz cuentan con unos 1.700 trabajadores (entre funcionarios y personal laboral) y una población reclusa de cerca de 3.500 personas.

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