En un comunicado, la Policía explica que la organización facilitaba la obtención de permisos de residencia y trabajo amparados en contratos ficticios y en distintos documentos simulados a cambio de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 4.500 euros.
El pago de esas cantidades obligaba a muchos de los inmigrantes a desprenderse de sus escasos ingresos, e incluso solicitar el dinero a su familia de origen.
La investigación comenzó cuando un ciudadano extranjero tramitaba su residencia en España amparándose en un contrato de trabajo falso y una serie de documentos que no se correspondían con la realidad con el fin de demostrar que residía en el país desde 2017.
Por todo ello se procedió a la detención del solicitante como presunto autor de un delito de falsedad en documento.
Fruto de las gestiones realizadas, los investigadores de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad) de la Comisaría de Algeciras (Cádiz) descubrieron la existencia de una organización perfectamente estructurada y formada por al menos cinco personas, de las cuales tres son abogados.
La citada organización se encontraba asentada entre las provincias de Málaga y Cádiz y aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de sus víctimas, muchas de las cuales habían llegado a España a bordo de pateras y necesitaban acreditar su permanencia en España como mínimo durante tres años para solicitar el Informe de Arraigo Social y acogerse a la situación de residencia temporal por circunstancias excepcionales.
