Las rutas migratorias desplazadas hacia el Estrecho desbordan a Marruecos

Entre enero y noviembre, el país magrebí ha abortado 76.000 intentos de emigración clandestina hacia Europa, en casi todos los casos con la interceptación de pateras por parte de gendarmes y efectivos de la Marina Real marroquíes, unas intervenciones que son prácticamente diarias desde el pasado verano.

La cifra anunciada por el ministro delegado del Ministerio de Interior marroquí, Nuredín Butayeb, ante el Parlamento significa que hay una media de 230 intentos diarios de salidas que son frenados por los agentes.

Boutayeb apuntó además que los efectivos de su país impidieron en lo que va del año 30 “intentos violentos” de saltar las vallas terrestres que rodean las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

Este aumento exponencial en la parte marroquí se repite igualmente en España, al otro lado del Estrecho de Gibraltar: la Organización Mundial para la Migración (OIM) informó en sus últimas estadísticas de este año y hasta el 21 de noviembre que 50.962 migrantes y refugiados llegaron a España por vía marítima, lo que supone la mitad de las entradas irregulares de la zona mediterránea.

La intensificación de todas estas tentativas ilegales de travesía se han saldado en cifras también inquietantes de muertos: según las últimas cifras de la OIM, 631 personas perdieron su vida en el Mediterráneo occidental, en algún lugar de la ruta entre Marruecos y España.

Los observadores atribuyen este repunte al cierre de las rutas del este del Mediterráneo debido a la inestabilidad y conflictos políticos en varios países de tránsito como Libia, y a la política europea que hace imposible la expulsión de menores -a pesar de estar en situación irregular- del territorio comunitario.

“La posición geográfica de Marruecos lo ha convertido en un cruce de emigrantes de todas las nacionalidades, principalmente subsaharianos que sueñan con una Europa cada vez más cerrada”, alertó el propio Butayeb recientemente en otro encuentro en Rabat sobre la seguridad en África.

Pero no son solo los subsaharianos: también los marroquíes se han sumado a esta fiebre migratoria en el año en curso, con una intensidad que ha llamado la atención de políticos, sociólogos y periodistas.

A fines del verano, comenzaron a aparecer en las redes sociales vídeos grabados con teléfonos móviles donde se veía a jóvenes marroquíes (a veces deportistas de cierto éxito) en mitad del mar, viajando ilegalmente a España en una lancha neumática y cantando de alegría por acercarse a las costas españolas, mientras animan a sus compatriotas a emigrar.

Estas grabaciones tuvieron entonces, según los observadores, un efecto llamada y cientos de jóvenes empezaron a viajar a las ciudades del norte del país para aguardar una oportunidad de cruzar el Estrecho, ya fuera por motivos económicos o políticos, caso este último de los rifeños, que huyen de la represión y tratan de buscar asilo político en España.

Esta reciente oleada migratoria fue acompañada con varios incidentes, como el hallazgo el pasado 24 de noviembre por parte de la Marina Real marroquí de quince cadáveres de inmigrantes subsaharianos en una embarcación que llevaba varios días a la deriva en el Mediterráneo, frente a las costas de Nador.

O la muerte el pasado 25 de septiembre de la joven marroquí Hayat Belqasem, de 19 años, por disparos de la Marina Real en las cercanías de la localidad de Castillejos (Fnideq) contra una lancha que transportaba a un grupo de emigrantes ilegales y que estaba pilotada por un español, hoy en manos de la Justicia marroquí.

La presión sobre sus propias costas hizo que el gobierno marroquí reconociera sentirse “superado” en su dispositivo de seguridad y usara este argumento como carta política para pedir en múltiples ocasiones a la Unión Europea (UE) mayor implicación en el control de las fronteras, una petición en la que ha contado con el apoyo decidido de España.

Y así, la UE desbloqueó una ayuda excepcional de 140 millones de euros para Marruecos, sin responder exactamente a las demandas de Marruecos, que pide un mecanismo “duradero y sostenido” para garantizar el control migratorio.

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