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  • Diario Digital | sábado, 27 de noviembre de 2021
  • Actualizado 19:42

En defensa del paisaje

La semana pasada en mi artículo de opinión sobre el cambio climático en el Campo de Gibraltar quise abrir un debate sobre los nuevos proyectos industriales planificados, pero pendientes de inicio y con fuerte impacto climático y social en la zona.

En defensa del paisaje

Entre ellos señalaba la avalancha de proyectos fotovoltaicos o huertos solares que podrían estar incubando una burbuja especulativa en la comarca ocasionando efectos adversos, por lo que consideraba que las administraciones locales y autonómicas no podían eludir su obligación de salvaguardar y tutelar el paisaje como un bien público.

El Campo de Gibraltar, con dos parques naturales -Los Alcornocales y El Estrecho-, ha ido conformando uno de los paisajes más característicos del Mediterráneo, un espacio único en el Mundo como Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, un lugar de paso obligado para cientos de especies marinas y aves en sus rutas migratorias.

El antropólogo Luis Vicente Elías Pastor escribe: “El paisaje garantiza de alguna manera la calidad del producto agrícola y bellos paisajes que atraen a los visitantes que consumen los productos cuya garantía está en el territorio que visitan”. De ahí que preservar la esencia de esos escenarios sea una de las vías obvias para generar riqueza en áreas rurales y también para luchar contra la España vaciada.

Pero la protección de algo que aún se considera “subjetivo e intangible”, en palabras del abogado experto en derecho ambiental, Albert Calduch, no resulta fácil. España se sumó al Convenio Europeo del Paisaje en 2008, pero muy pocas comunidades han desarrollado leyes específicas. Andalucía, ninguna. Y en la práctica muchas cuestiones dependen de los planes urbanísticos de los municipios. “Es un terreno gris y la legislación seguirá siendo tibia en el futuro”, explica Calduch.

Por eso el gran aumento de solicitudes para la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos, que aprovechan las últimas subvenciones europeas a las energías renovables, está generando alarma en numerosas regiones agrícolas, vinícolas y ganaderas. Ya algún municipio del Campo de Gibraltar como Jimena alertaba hace unos días de la posible instalación de enormes campos de placas solares en su municipio.

Contestando al requerimiento de información efectuado por los ministerios implicados en la tramitación del expediente sobre estos proyectos, Jimena exponía la condición de inundables de los terrenos propuestos para la ubicación de los huertos solares. Y mencionaba la riqueza ecológica del entorno y la cercanía del parque natural de Los Alcornocales.

Es criticable la visión cortoplacista y la ausencia de una planificación global. Ubicar estos parques eólicos y fotovoltaicos en el Campo de Gibraltar suena bien sino tenemos en cuenta la brutalidad de sus volúmenes, la amenaza para la biodiversidad animal y ambiental, y la pérdida de valor de la tierra.

En España hay ahora tres regiones trabajando por conseguir el reconocimiento de la Unesco como patrimonio mundial. Mientras que la candidatura de Ribeira Sacra se discutirá este año, Icomos, la organización internacional consultiva de la Unesco, recomendó en 2015 revisar la propuesta de Rioja, que llevaba el nombre de Paisaje del Viñedo y que cada vez se ve más lejana por la implantación de gran cantidad de placas solares.

Ecologistas en Acción propone un desarrollo fotovoltaico que promueva la mejora de la integración de las especies locales y la protección de su hábitat, así como el fomento de la compatibilidad con los usos ganaderos. Otros factores a tener en cuenta para este tipo de proyectos serían usar mano de obra y proveedores locales, reducir el uso de agua y mejorar las condiciones hidrológicas del terreno, así como un menor uso del hormigón.

La Junta de Andalucía y el Gobierno central tienen que seguir la pauta de diferentes países y regiones de Europa, donde se han ido gestando importantes instrumentos normativos y de ordenación y gestión del territorio, que abogan por la protección, regulación y gestión, no sólo de entornos naturales más o menos bien conservados, sino también de paisajes concretos que muestran, en general, buenas condiciones de conservación o que resultan especialmente atractivos por sus valores culturales.