Algeciras al minuto

  • Diario Digital | sábado, 06 de junio de 2020
  • Actualizado 07:29

Los alquileres

Según datos de 2019, Algeciras es la localidad con mayor rentabilidad de la vivienda en alquiler con un incremento del 7,8% (frente al 6,6% de 2018). La media de Andalucía es del 6,1% y de España el 6,6%, por lo que estamos por encima de la media andaluza y española.
Los alquileres

Este incremento es fruto de que en Algeciras hay más demanda que oferta de viviendas en alquiler.

En nuestro país el mercado inmobiliario se ha frenado, pero el alquiler alcanza máximos. Ni la venta, ni la construcción ni los precios de la vivienda son ya lo que eran. Tras dos años de fuertes crecimientos, 2019 ha supuesto una nueva inflexión.

Pese a algún sobresalto, como la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria que provocó caídas puntuales en las compraventas, el sector asiste a una normalización. Pero el año 2019 ha acabado con menos ventas que en 2018.

Las viviendas nuevas construidas no han superado con mucho las 100.000 que se edificaron el año pasado, y pisos y casas se están encareciendo al ritmo más bajo de los últimos tiempos. No obstante, los precios siguen creciendo más que los salarios y eso afecta a los grupos más vulnerables.

Los jóvenes sin ayuda familiar o que no puedan ahorrar lo suficiente se ven abocados al alquiler, que se come cada vez más cantidad de sus ingresos. Un cambio legislativo en marzo dio mayores garantías a los inquilinos al recuperar la duración mínima de los contratos de cinco años (siete si el arrendador es una empresa) y limitar el alza de precios interanual al IPC.

En otros países se ha mantenido una oferta acumulada de vivienda pública o concertada de alquiler con precios contenidos que contrabalanza el mercado. Pero eso es difícil de conseguir cuando la alcaldesa de Madrid (Ana Botella del PP) vendió, o más bien regaló, 3.000 viviendas sociales a un fondo buitre.

La solución a este grave problema pasa por la “política” y no aplicando puros simplismos económicos al problema tratando la vivienda como una mercancía para el comercio y la especulación, en lugar de como un bien social y un derecho humano. Ante esto, es necesario un “cambio de rumbo” de manera “urgente”.

En el documento presentado por Sánchez e Iglesias para el programa del Gobierno de coalición del PSOE e Unidas Podemos, se incluye entre otras medidas, la limitación de las subidas del alquiler. Gracias a la presión ciudadana en las urnas espero que se haga efectiva esta medida de limitación de la subida de los alquileres.

Pero, hay que seguir presionando para su aplicación, porque la gente no puede esperar más. Hay que incrementar los recursos (los próximos presupuestos serán la prueba del algodón). Y, por supuesto, realizar un plan de rehabilitación, así como aprobar las medidas necesarias para realojos inmediatos de inquilinos que no pueden hacer frente a los incrementos de rentas.

Además, hay que movilizar suelo público (lo hay, y en cantidades ingentes) para pisos de alquiler social o asequible... Estas son obligaciones ineludibles para un gobierno que se reclama de izquierdas ante la emergencia que vive el país. Y, sobre todo, en tiempos en que la compra de viviendas queda fuera del alcance de una inmensa mayoría de españoles.

En Europa la vivienda asequible debe dejar de ser una entelequia. Ya se están implantando 50 medidas para abordar la exclusión residencial y salir de la calle con un programa que se llama “Primero la casa” como base para que los excluidos puedan volverse a poner en pie y comenzar una nueva vida. Y España es responsable de cinco propuestas de este programa europeo.

La Relatora Especial de Naciones Unidas para la vivienda tiene claro quiénes son los culpables del aumento de su precio (y no es la demanda) y detalla en un informe los motivos que hay detrás de la “reburbuja inmobiliaria” abogando, entre otras cosas, por un marco regulador del alquiler que limite los precios, “imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

En esta amplia lista de medidas expuestas por el Gobierno español de coalición, Comisiones europeas y Naciones Unidas, se deben revisar todas las leyes y políticas relacionadas con los atrasos en el pago de alquileres e hipotecas y con las ejecuciones hipotecarias a fin de garantizar que sean compatibles con el derecho a una vivienda digna, habitable y permanente. En este sentido, se debe incluir la obligación de impedir todo desalojo que conlleve que haya personas que se queden sin techo. Si lo conseguimos, vamos bien.