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  • Diario Digital | jueves, 23 de septiembre de 2021
  • Actualizado 23:30

Las residencias de mayores

El impacto del coronavirus en las residencias de mayores ha sido de 29.685 muertes desde el inicio de la pandemia, pero la última semana el IMSERSO ha notificado 37 defunciones más por coronavirus en residencias, ¿Nueva emergencia sanitaria? Urge ya un sistema eficaz y transparente de inspección de los centros de mayores.
ángel luis jiménez
ángel luis jiménez
Las residencias de mayores

En una sociedad acostumbrada a la valoración y puntuación de tantas prácticas cotidianas, sorprende la opacidad que envuelve las residencias de mayores en España. Una constelación de centros ofrece unas 390.000 plazas, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, con escases de inspecciones de los organismos responsables, por falta personal según explican.  

Un dato: nadie sabe exactamente cuántas residencias hay en España. El País ha contado 5.463 centros. ¿Cómo están organizadas? Según el CSIC, siete de cada diez son privadas. Así que, el Gobierno después de la pandemia, y tantos muertos, se ha puesto las pilas y ha emprendido el primer censo oficial de residencias de España. 

La muerte de 29.685 personas en esas residencias durante la pandemia ha causado conmoción en la sociedad. Desgraciadamente, el cuadro alarmante va mucho más allá de los problemas coyunturales de la crisis pandémica y retrata inaceptables fallos estructurales como las escasas inspecciones e irrisorias sanciones. 

Desde 2014 hasta 2019, según El País, 10 de las 17 comunidades autónomas no han inspeccionado ni siquiera una vez al año de medias sus residencias. La situación ha mejorado levemente en 2020, pero aun así siete comunidades no han llegado a ese control anual por residencia que debería considerarse como el umbral mínimo ineludible. Ahora la verdadera y única inspección la ejercen las familias de los residentes. 

El régimen sancionador tampoco resulta satisfactorio. Un 21% del total de residencias de este país han sido sancionadas, pero la multa media por infracción grave es de 5.000 euros. Esta información no es pública ni accesible a los ciudadanos. Así que los usuarios se ven obligados a elegir a ciegas los centros en los que ingresar a sus mayores. En Estados Unidos las residencias tienen un sistema de estrellas como los hoteles. 

Las sanciones, por lo general irrisorias, difícilmente pueden funcionar como estímulo para evitar comportamientos inadecuados. Un 75% de las 1.500 multas conocidas son por faltas graves o muy graves; una cuarta parte del total corresponden a falta de personal para atender a los residentes. Y la insuficiencia de profesionales de enfermería es un mal crónico. Es obvio que resulta más barato pagar la sanción que contratar personal.  

El oscurantismo, el desconocimiento y el descontrol del sistema en España son indignos de este país, más aún en un contexto europeo y occidental donde esta información se hace pública por su obvia utilidad para los ciudadanos. En Alemania, los resultados de las inspecciones públicas se colocan en las entradas de las residencias junto a alguna otra realizada de forma privada.  

Urge una evaluación seria de la situación, el establecimiento de un sistema eficaz de inspección, mecanismos de transparencia, y además un debate sobre los recursos y mínimos de calidad necesarios para la atención en las residencias. Gran parte del sector está a favor de aumentar la transparencia. Hay que mejorar ya, se trata de una improrrogable cuestión de justicia y decencia. 

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