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  • Diario Digital | viernes, 05 de junio de 2020
  • Actualizado 03:06

Una resolución ejemplar

El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, el magistrado Antonio Seoane, ha denegado de plano las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sobre equipos de emergencia individual (EPI) para protegerse contra el corona virus.
Una resolución ejemplar

Dice el magistrado que resulta sorprendente "el goteo de solicitudes de medidas cautelarísimas que se está produciendo". "Ha de reconocerse la importancia de esos equipos de protección que nadie niega, lo negativo que es que no haya suficientes, pero también que estamos en circunstancias excepcionalísimas y que por quien corresponde se esté intentando subsanar".

Asimismo, considera que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no es de aplicación en esta situación de emergencia sanitaria y en un estado de alarma. "Estamos ante una pandemia imprevista e imprevisible, con unos riesgos profesionales inexistentes habitualmente, impredecibles", expone.

En su opinión "tampoco cabe que quienes estemos afectos a servicios esenciales los abandonemos por riesgos laborales en perjuicio de la población sufriente, abandono que es la solución común cuando de lo que se trata es de supuestos ordinarios de prevención de riesgos en materia laboral".

Al SUP también le reprocha que no refiera qué derechos fundamentales se han podido vulnerar por parte de la Dirección General de la Policía. "No se dice en la demanda que tras la falta de provisión de equipos haya dolo o negligencia punible. Sólo que carecen, no sabemos en qué medida, de los equipos deseables".  

El problema de la falta de equipos, le recuerda, "no es exclusivo de la Policía, sino que afecta con carácter general a todos los empleados públicos que desempeñan, desempeñamos, servicios esenciales". "Hay personal más gravemente expuesto", recalca, y ante la carencia de material para todos el Gobierno "debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales...".

En consecuencia, considera que lo que se solicita no es una medida eficaz para asegurar la efectividad de la tutela judicial que se busca al plantear la demanda. De hecho, los Juzgados que ya han acordado medidas cautelares "ahora se ven en el contrasentido" de "requerir y volver a requerir hasta el requerimiento final en un círculo vicioso imposible de romper".

El magistrado apunta a posibles intereses "propagandísticos" e incluso políticos "para desgastar al Gobierno" y reclama en estas situaciones "calamitosas" una "unidad de dirección" en respaldo de las decisiones del Ejecutivo. Le llama igualmente la atención que no sean los sindicatos mayoritarios como CCOO, UGT o CSIF, lo que representan a más trabajadores, los que planteen estas medidas

También en su auto avala "los esfuerzos que incuestionablemente realizan las autoridades competentes" ante la escasez de equipos de protección individual y deja claro que en estas circunstancias "no es posible reconocer el derecho a todos los  trabajadores que prestan servicios esenciales".

El magistrado Seoane asegura que la pandemia "ha generado escasez de equipos de protección individual que lamentablemente no pueden ser producidos por la industria nacional y que el aprovisionamiento en el mercado internacional es tarea compleja, debido a una demanda exacerbada, incluso especulativa, por el cierre insolidario de muchos países.

El magistrado expone su sospecha de que los juzgados que están prestando servicios esenciales se estén dedicando a resolver peticiones "imposibles e inútiles para que determinados sindicatos o partidos den satisfacción a su electorado real o posible, para utilizarlos como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar o derribar al Gobierno en tan crítica situación".

Pasando por alto, añade, que en estas situaciones calamitosas "es necesaria la unidad de dirección y que tras el que dirige hemos de situarnos todos sin reservas". "En ello radica el auténtico patriotismo", afirma antes de recordar que "en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los "quintacolumnistas", los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo".