Algeciras al minuto

  • Diario Digital | martes, 19 de octubre de 2021
  • Actualizado 01:30

Cartas al director. La dictadura del puerto

Por Antonio Benítez

Con un interés digno de mejor causa, el gobierno de la Junta de Andalucía, representado por la señora Carazo, su Consejera de Fomento; el gobierno municipal, representado por el señor Landaluce (José Ignacio), su alcalde; las Cámaras de Comercio de Andalucía, representadas por el señor Sánchez Rojas, su presidente; unidos todos, al unísono, han hecho demostración pública de su apoyo a la “extraordinaria labor” que realiza la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, representada por el señor Landaluce (Gerardo), su presidente, en el curso de la jornada ¿técnica? Puertos, logística e intermodalidad como motores de actividad para el impulso económico de Andalucía, celebrada hace unos días en el auditorio Millán Picazo, a la mayor gloria del Puerto de Algeciras.

Cartas al director. La dictadura del puerto

En la Jornada no ha participado representante alguno de las asociaciones de vecinos ni de los grupos ecologistas de la comarca, no sé si porque no han sido invitados por los organizadores. En cualquier caso, su ausencia es una prueba del evidente desinterés, sobre todo de los participantes, por conocer de viva voz la opinión de los ciudadanos a los que tales asociaciones y grupos representan.

Es una burla a la memoria, una pantomima burda y zafia, presentar “la transformación del borde litoral de Algeciras” como “uno de los grandes proyectos de la ciudad para los próximos años” cuando el crecimiento desmesurado del puerto ha arruinado el dominio marítimo terrestre de todo su término municipal entre la Punta del Rodeo y la desembocadura del Río Palmones.

“Bienes tan valiosos como las playas, las dunas, los escarpes, los acantilados, las marismas, los humedales litorales, etc., fueron declarados explícitamente por la propia Constitución (artículo 132.2) Bienes de Dominio Público Marítimo-Terrestre, tanto para su protección como para su garantía de disfrute público. Todos debemos tener garantizado el derecho de disfrute de estos bienes, eso sí, con usos adecuados, que ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan disfrutarlos también. Esta idea constituye la esencia de la Ley de Costas y a su servicio están todas la potestades administrativas que recoge y todos los procedimientos y resoluciones que regula.”  Eso al menos es lo que afirma el Gobierno de España, su Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Sin embargo, aquí, ahora, y desde hace más de treinta años, yo puedo afirmar que sí, que al servicio de esa idea están todas las potestades administrativas, todas excepto las que ejerce la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que ha transformado el Dominio Público Marítimo-Terrestre – no sólo del término municipal de Algeciras sino también de los del resto de la Bahía – en Dominio Público Portuario, atribuyéndose competencias que no le corresponden, usurpadas a los propios municipios, sin objeción alguna, cuando no con la complicidad, por parte de quienes los gobiernan. ¿Qué otra cosa es, si no, “la licitación de una obra por 509.000 euros para mejorar la estética y seguridad de la franja litoral en Puente Mayorga”, o “la concesión administrativa a la Universidad (de Cádiz) de 663 metros cuadrados de suelo público, al norte del Llano Amarillo, para la construcción de su Centro de Innovación”?.

Tengo que concluir aceptando, muy a mi pesar, que los campogibraltareños nunca seremos capaces de poner coto a los desafueros de la dictadura del puerto, tolerada, cuando no aplaudida, por los responsables del resto de las instituciones públicas que nos representan.

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