IAM/ALJ La Almoraima de Castellar de la Frontera es una finca pública de unas 14.500 hectáreas, la mayoría de ellas en el Parque Natural de Los Alcornocales del Campo de Gibraltar. Fue expropiada en 1983 a Ruiz Mateo y a lo largo de los años ha recibido importantes inversiones públicas de los diferentes gobiernos de este país, destinadas a la reforestación de alcornocales, los cultivos energéticos y otros proyectos viables que a medio o largo plazo la hubieran puesto en valor. El alcalde de Castellar de la Frontera, cuyo término municipal está ocupado en un 85 por ciento por la finca pública de la Almoraima, ha explicado que no ha sido informado del proyecto de privatización, pero que sospechaba de las intenciones del Ministerio desde que el pasado mes de marzo le presentaron el proyecto de Plan Especial de Usos para La Almoraima. Este Plan Especial incluía un hotel de cinco estrellas, dos campos de golf y un aeródromo para aviones privados, para lo cual haría falta inversión privada. Lo que no tiene claro es si el proyecto privatizaría las 1.300 hectáreas que ocuparían esos espacios o las 14.500 de toda la finca, incluyendo el área forestal del parque natural. En su plan de reducción del déficit, el gobierno ha puesto a la venta 15.000 inmuebles del Estado como parte de las 217 medidas contenidas en su reforma de la Administración pública. Entre esas ventas se incluyen una decena de edificios singulares, y otros emblemáticos como La Almoraima, la finca rural más grande de toda Europa con 14.500 hectáreas y situada en el Campo de Gibraltar. Por eso alcaldes, sindicatos y partidos de la Comarca piden al Gobierno que reconsidere sus intenciones, que abandone esa idea especulativa y apueste por el mantenimiento de la Almoraima, que genera puestos de trabajos incluso en esta época de tanto paro. Así como que haga extensiva en ella industrias de transformación del corcho y de agricultura ecológica, con lo que se aprovecharía el gran potencial agropecuario de la finca, algo que sin duda dinamizaría la economía local y de la comarca del Campo de Gibraltar. Esta finca forma parte del patrimonio de la Comarca y de todos los pueblos que la rodean, y con una buena gestión de sus riquezas (ganadería, agricultura, turismo de naturaleza, etc.), podría aliviar, si no erradicar, el paro que sufren. Esta finca debe ponerse al servicio de los pueblos de la comarca. Sería un gran error que callera en manos de un magnate o un potentado para especular con ella. Lo público debería seguir siendo público. Ya está bien de tanta especulación y privatización para beneficiar a unos pocos.
