El Estado tiene mecanismos para exigir responsabilidad a los servidores públicos que lo conforman. Al menos, y con el fin de legitimarse, debería exigir un mínimo de efectividad u honestidad en su comportamiento, para que defiendan el bien público antes que los suyos personales. Porque el sistema de responsabilidad de los servidores públicos previsto en nuestro orden constitucional, tiene como finalidad controlar el ejercicio de su poder, ajustándolo a los principios del Estado de derecho y de la Democracia.Además, la Constitución Española dice que la Administración Pública deberá servir con objetividad a los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Y que a efectos de las responsabilidades, se considerarán servidores públicos a los representantes de elección popular, a los funcionarios, empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración. Y todos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.Pues bien, en las Administraciones Públicas ante cualquier atisbo de sospecha de mal uso de los bienes públicos, la mayoría de los representantes elegidos como gobernantes en municipios, comunidades autónomas o el estado dicen que ellos simplemente siguieron las recomendaciones de los servicios jurídicos o técnicos, en definitiva de los funcionarios, y que en ningún momento se les advirtió de que hubiera irregularidad alguna en el procedimiento. Así que al final parecen inocentes o al menos intentan parecerlo.Pero entonces, ¿quiénes son realmente los culpables de tanta ruina como hay en el Estado, los Ayuntamientos, y las Comunidades Autónomas: gobernantes o funcionarios? Porque me parece una barbaridad que al final los platos rotos los paguemos los ciudadanos. O no queremos darnos cuenta que los culpables de los recortes de hoy son los sobres o los ascensos privilegiados de ayer.Veamos algunos casos paradigmáticos de lo que digo en el ámbito local, por aquello de que nos cogen más cerca y se hablaron de ellos en estos días.Caso San García.- El Ayuntamiento tendrá que abonar 1,3 millones de euros de las arcas municipales -de nuestros impuestos-, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a la sociedad Inversiones San Sergio por una expropiación ilegal en San García. Esta expropiación ilegal se hizo con un PGOU nulo, un decreto de la alcaldía nulo y un acuerdo plenario nulo, al estar basados en un PGOU inexistente, dice el TSJA. ¿Quiénes son los responsables?Caso Emuviasa.- Esta Empresa Municipal de Viviendas construyó la barriada del Arroz y tuvo grandes pérdidas por su mala gestión. Ahora, el Ayuntamiento tendrá que pagar 1,6 millones, más los intereses, a la Agencia Tributaria por no haber liquidado el IVA correspondiente del periodo 2007-2011, porque los funcionarios nombrados para liquidar la empresa no estaban acreditados ante notario para hacerlo. ¿Quiénes son los responsables?Y no sigo con el caso Escalinata, el caso Botafuego, el caso Somixur y otros más por no aburrir, cansar e indignar a los buenos ciudadanos de Algeciras, que se rascarán el bolsillo sin ser responsables de tanta mala gestión. Y sin embargo, no tengo la menor duda, los responsables de todo esto son los partidos de todo color y signo político que han pasado por el Ayuntamiento de Algeciras: PSOE, IU, PA y PP. Y que se salve el que pueda
